La Corte Constitucional aclaró que no ha ordenado el retiro de bases militares ubicadas en los departamentos de Meta y Guaviare, sino la devolución de seis hectáreas de terreno ocupadas por construcciones superpuestas con el territorio de un resguardo indígena Jiw y Nükak. El alto tribunal explicó que el anterior Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) le adjudicó al Ministerio de Defensa 250 hectáreas en la zona, que puede ocupar sin poner en riesgo a esas comunidades indígenas. Por tal razón, le ordenó al ministerio que devuelva dichos terrenos, que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina. Aclaró que esta decisión no se extiende a otros territorios del país. La sala de seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004 precisó las órdenes impartidas en el Auto 073 del 2012, donde reiteró que los pueblos indígenas Jiw y Nükak, de los departamentos de Meta y Guaviare, han sido víctimas de desplazamiento de sus territorios y están en peligro de extinción física y cultural debido al conflicto armado, pues se les obliga a abandonar sus tradiciones y forma de vivir (M. P. Luis Ernesto Vargas).