En el marco de una acción de nulidad, el Consejo de Estado negó la suspensión del Decreto 1844, del 1º de octubre del 2018, por medio del cual se reglamentó la prohibición de poseer, distribuir o comercializar estupefacientes. Los fundamentos de la decisión fueron: (i) la ausencia de extralimitación de las competencias del Gobierno y, por el contrario, el deber de tomar medidas para desincentivar el consumo de sustancias sicotrópicas; (ii) cosa juzgada constitucional respecto de la facultad del Estado de limitar los derechos de los consumidores con el fin de proteger intereses generales y (iii) el respeto al derecho de porte de dosis mínima y la finalidad del decreto en materia de control del microtráfico.