Un fallo de tutela reciente de la Corte Constitucional concluye que las autoridades públicas deben ofrecer a la población en situación de discapacidad soluciones de vivienda que satisfagan los estándares de accesibilidad física. Para llegar a esta conclusión, el alto tribunal reiteró las reglas jurisprudenciales sobre la procedencia de la acción de tutela respecto de personas en situación de discapacidad o difícil movilidad y enfatizó a las autoridades locales el cumplimiento perentorio del derecho a la vivienda digna cuando se trate de personas en dicha condición, quienes, reiteró, son destinatarias de una especial protección del Estado (M. P. José Fernando Reyes).