El Consejo de Estado seleccionó, para revisión, una acción de grupo fallada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por estimar que falta unificación jurisprudencial con respecto a los aspectos probatorios necesarios para acreditar el daño en las acciones de grupo y las exigencias en relación con la individualización y tasación de los perjuicios. Según la entidad condenada, es necesario delimitar los parámetros con base en los cuales es viable el reconocimiento de los perjuicios a quienes reclaman indemnización a través de este tipo de acciones. El caso hace referencia a la indemnización decretada por el tribunal, por más de $ 4.800 millones, por perjuicios a viviendas y cultivos, debido a la ejecución del proyecto vial Aburrá – Río Cauca. Según la sala, se precisarán aspectos como la posibilidad de que en la sentencia se establezca como condena una cifra global por la configuración de los perjuicios, ya sea por daño moral o material, y el modo de reconocimiento y liquidación de las indemnizaciones de las personas que no intervinieron en el proceso pero que consideran que hacen del grupo afectado, entre otros (C. P. Ruth Stella Correa).