Un ciudadano colombiano recluido en una cárcel de Hong Kong, por el delito de tráfico de estupefacientes, logró que la Corte Constitucional ordenara al Gobierno realizar un nuevo estudio sobre la repatriación que, previamente, le había sido negada por no cumplir con los criterios humanitarios fijados la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos que define el Ministerio de Justicia, pese a que contaba con el aval de las autoridades del país que profirió la condena. Según la Sala, la negación de dichos traslados con base en la aplicación de criterios estrictos, absolutos y discrecionales que desconocen mecánicamente la unidad familiar y el interés superior de los menores, cuando están de por medio, descarta el análisis caso por caso de otras razones humanitarias que resultan razonables, útiles, necesarias y proporcionales, como la valoración de la situación familiar, máxime en los supuestos que existe autorización del Estado emisor (M. P. Alberto Rojas).