El Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y al libre desarrollo de la personalidad y profesión de una mujer que ha sido víctima de acoso laboral en el Ministerio de Transporte. La Sección Segunda explicó que para los casos de acoso laboral que se presenten en el sector público la existencia exclusiva de la vía disciplinaria puede no ser un mecanismo efectivo para la protección de derechos de los trabajadores, por lo cual la tutela es el instrumento idóneo, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que se pueda imputar, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1010 del 2006. Según la sala, se demostró que la actora era víctima de acoso laboral debido a que fue objeto de investigaciones en varios procesos disciplinarios, archivados por falta de pruebas; ha sido trasladada numerosas veces de cargo, algunas por solicitud propia y otras por gestión de sus superiores; no le han sido entregadas herramientas de trabajo, y las funciones que le han sido asignadas no corresponden a la naturaleza del cargo para el que fue incorporada (C. P. Hugo Fernando Bastidas).