Una acción de tutela interpuesta por una adulta mayor residente en el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel (Cali) puso en evidencia los presuntos abusos y malos tratos a los que son sometidos los beneficiarios que habitan en ese lugar. Por eso, la Corte Constitucional adoptó una serie de medidas tendientes a garantizar los derechos fundamentales a la dignidad, salud e integridad física y sicológica de esa población. A la Contraloría Regional del Valle del Cauca, por ejemplo, la instó a vigilar los recursos asignados esa institución, así como las apropiaciones indebidas de los subsidios que corresponden a los adultos mayores. Al Ministerio de Salud, por su parte, le encomendó la tarea de realizar una campaña educativa para acabar las conductas denunciadas en los centros que brindan servicios a los adultos mayores, con el apoyo del Ministerio de Educación. Y a la institución accionada la previno para terminar con las presuntas amenazas y maltratos sicológicos a los residentes, que les impiden disentir de las medidas con las que no están de acuerdo (M. P. Iván Humberto Escrucería).