La Corte Constitucional reiteró que aunque es razonable que para la prestación de algún servicio médico el paciente tenga que cumplir con algunos trámites administrativos, es inadmisible que dichos trámites sean excesivamente demorados y que además le impongan una carga al usuario que no está en condiciones y no le corresponde asumir. Según la Sala Segunda de Revisión, estas barreras atrasan la prestación del servicio, aumentan el sufrimiento de las personas y muchas veces tiene consecuencias graves en la salud de los usuarios. Por tal razón, la corte tuteló el derecho a la salud y a la vida de una mujer a la que su EPS le impuso trámites extras para la entrega del medicamento formulado por su médico tratante. La sala reiteró que el derecho a la salud es autónomo y fundamental (M. P. Mauricio González).