La Corte Constitucional publicó los textos de los fallos que declararon la inexequibilidad de los decretos 127 y 146 del 2011, dictados al amparo de la segunda declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, que a su vez fue declarada inexequible en la Sentencia C-216 del 2011. Como los decretos legislativos desarrollaron el estado de excepción, la declaración de inexequibilidad de este traía como consecuencia la inmediata inconstitucionalidad de los decretos. Las normas declaradas inconstitucionales por consecuencia permitían la destinación de recursos públicos a la construcción o reparación de colegios privados y la regulación de precios de inmuebles y arrendamientos (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).