La Corte Constitucional publicó el texto del fallo que declaró exequible la Ley 1394 del 2010, en la que se reguló el arancel judicial en los procesos civiles, comerciales y contencioso administrativos. El demandante acusaba la norma por considerar que la regulación del arancel judicial no podía aprobarse a través del trámite legislativo ordinario, sino del propio de una ley estatutaria. El alto tribunal reiteró que, como lo dijo en la Sentencia C-368 de este año, la regulación del arancel judicial no es materia sometida a reserva de ley estatutaria, pues no se refiere a la estructura orgánica esencial de la administración. En otras palabras, no conlleva imposición de barreras de acceso a la administración de justicia, ni obliga a los ciudadanos a acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos (M.P. María Victoria Calle Correa).