La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la Resolución 464 del 2010 expedida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ordenó suspender o separar temporalmente a los gobernadores y alcaldes que tuvieran parentesco con candidatos al Congreso de la República en el proceso electoral del 14 de marzo del 2010. A juicio del alto tribunal, la facultad de revocar la inscripción de candidatos no se extiende al ejercicio de funciones públicas de servidores elegidos popularmente para precaver la configuración de una posible inhabilidad de sus parientes. Según la sentencia, esa restricción fundamentada en normas no previstas en la Constitución o en la ley por quien no tiene competencia para ello vulnera el derecho al debido proceso, a la participación política y ciudadana de gobernadores y alcaldes elegidos popularmente (C. P. Alberto Yepes Barreiro).