Un fallo de la Corte Constitucional recuerda que, en virtud de la autonomía universitaria, los entes educativos están facultados para adoptar su reglamento interno, instrumento que guía la resolución de conflictos que puedan surgir en el ámbito académico y que, además, establece los derechos y obligaciones de quienes integran la comunidad universitaria. Por otra parte, el contenido de sus disposiciones y su aplicación se encuentran limitados por el derecho al debido proceso y, en consecuencia, los procedimientos sancionatorios deben adelantarse con sujeción a un mínimo de garantías (M.P. Luis Guillermo Guerrero).