La Ley 5ª de 1992 exige que las comisiones de conciliación hagan un estudio de fondo sobre los textos materia de discrepancia, pero no que señalen todas las razones que tienen en cuenta para conciliar el texto que se someterá a consideración y aprobación de las plenarias. Así lo indicó la Procuraduría General de la Nación, al pedir la exequibilidad de la Ley 1386 del 2010, en la que se señala que las entidades territoriales no pueden delegar la administración y el cobro de los impuestos. Según el accionante, la comisión de conciliación no expuso los motivos para suprimir un parágrafo que establecía que los contratos de concesión diferentes a los tributarios no eran objeto de la ley. Sin embargo, el Ministerio Público consideró que se cumplieron los requisitos legales, dado que se eliminó una norma que fue considerada discrepante.