La Sección Cuarta del Consejo de Estado rectificó su jurisprudencia respecto a la improcedencia de tutelas contra providencias judiciales y afirmó que este mecanismo, de manera excepcionalísima, procedería por la necesidad de que en el Estado de derecho se asegure la justicia material en el sentido de proteger los derechos fundamentales de las personas, teniendo en cuenta que las autoridades judiciales no están exentas de error. Según la sala, el cambio se sustenta en la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, en la defensa del contenido del Estado social de derecho y en el hecho de que los principios de autonomía judicial y primacía de los derechos fundamentales no son excluyentes (C. P. Hugo Fernando Bastidas).