Tras haber sido revisada y declarada exequible por la Corte Constitucional, el Gobierno acaba de sancionar la Ley 1618, por medio de la cual garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en situación de discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión y acciones afirmativas. La norma señala que la Nación, los departamentos, distritos, municipios y localidades, así como las entidades estatales, deberán incorporar en sus planes de desarrollo una política pública de discapacidad con base en la ley 1145 del 2007. Así mismo, indica que el Ministerio de Educación se encargará de reglamentar el esquema de atención educativa para esta población. En el tema de salud señala que se deberá garantizar no solo la prestación del servicio sino el suministro de ayudas técnicas de alta y baja complejidad, necesarias para la rehabilitación de estas personas.