Respecto a una demanda que ataca el deber fundamental del militar de defender a Colombia, incluso con la entrega de la propia vida cuando sea necesario, cumpliendo la Constitución Política, las leyes y los reglamentos, respetando los preceptos, principios, valores y virtudes inherentes a la carrera militar (artículo 1° de la Ley 1862 del 2017), la Procuraduría General de la Nación, solicitando la exequibilidad de dicha norma, conceptuó que dicho deber no solo es idóneo, sino, además, es efectivamente conducente de cara a la obtención del fin perseguido como es la defensa de la soberanía nacional y de la independencia e integridad del territorio nacional. “Lo que hace el legislador es reiterar los postulados constitucionales propios de la institución castrense y libremente asumidos por quienes la ejercen, materializando así el derecho fundamental a elegir profesión u oficio”, finaliza el documento.