El proyecto de acto legislativo para permitir a cualquier autoridad o a las mismas víctimas ejercer la acción penal, pero conservando la actuación preferente de la Fiscalía General de la Nación, culminó su primera vuelta. Además, según el texto conciliado, el Vicefiscal General de la Nación o los delegados del ente acusador ante la Corte Suprema de Justicia podrán acusar a los ministros, directores de departamentos administrativos, al Procurador General y al Defensor del Pueblo, entre otros altos funcionarios.