Para establecer si es procedente la acción de tutela en caso de cirugía de reconstrucción o modificación del tamaño de los senos, debe determinarse si la realización del procedimiento compromete los derechos a la salud y la vida digna de la mujer que lo requiere y si no carece de recursos para costear el tratamiento. En fallo dado a conocer recientemente, la Corte Constitucional mandó practicar una mamoplastia reductora a una mujer a la que su médico tratante le ordenó el procedimiento y se comprobó que este no obedecía a tratamientos estético, sino que era una medida para mejorar su calidad de vida. Además, se demostró que no poseía recursos, pues estaba afiliada al nivel I del Sisbén (M. P. Luis Ernesto Vargas).