Las medidas de excepción adoptadas por el Gobierno colombiano para activar el sector empresarial e incrementar el número de empleos en la zona fronteriza con Venezuela se ajustan a los requisitos de conexidad, finalidad, subsidiariedad, razonabilidad y proporcionalidad exigidos de los decretos de emergencia por el ordenamiento superior. Con estos argumentos, la Sala Plena de la Corte Constitucional, por unanimidad, determinó la exequibilidad del Decreto 1820 del 2015, por medio del cual se dictaron una serie de medidas dentro del Estado de emergencia para impulsar la actividad económica y la creación de nuevos puestos de trabajo para afrontar de manera constitucional, humanitaria y económicamente la crisis que se originó por el cierre de la frontera, ordenada y decretada por el jefe del Estado vecino, Nicolás Maduro (M.P. Luis Ernesto Vargas).