La Corte Constitucional publicó el fallo que declaró inexequible, por consecuencia, el Decreto 126 del 2010, expedido al amparo de la emergencia social, que creaba el delito de omisión en la atención inicial de urgencia y la venta fraudulenta de medicamentos, entre otras formas penales, así como definía medidas de inspección, vigilancia, control y lucha contra la corrupción en el sistema de salud. A juicio del alto tribunal, este decreto resultaba inexequible sin diferimiento alguno, en la medida en que no guardaba relación con aquellas materias para las cuales el efecto de la inexequibilidad del Decreto 4975 del 2009 fue expresamente diferido, esto es, fuentes tributarias de financiación orientadas exclusivamente al goce efectivo del derecho de salud (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).