La Corte Constitucional recordó que el trámite del Acto Legislativo 02 del 2009, que prohíbe el porte de estupefacientes, no requería de la consulta a las comunidades indígenas, pues la finalidad de la reforma no limita prácticas tradicionales y ancestrales que involucran el uso de la hoja de coca. El alto tribunal dio a conocer el texto de la sentencia que declaró exequible el acto legislativo y reiteró que este se produjo en el marco de una preocupación de salud pública basada en el incremento de los índices de farmacodependencia. Además, consideró que el uso de la hoja de coca en las comunidades indígenas no constituye un problema de drogadicción, ni existe evidencia de que contribuya al tráfico ilícito de la planta (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).