A través de su vocera Cecilia Pouilly, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al Presidente de la República y al Presidente del Congreso que reconsideren su apoyo a la reforma constitucional a la justicia penal militar. La funcionaria considera preocupante que se mantengan en la jurisdicción militar algunas violaciones de derechos humanos cometidas por militares, crímenes de guerra y detenciones arbitrarias. Además, resaltó que los mecanismos de justicia transicional están a disposición para que el país enfrente las serias violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario que ocurren en el conflicto armado interno.