El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, le solicitó a la Sección Primera del Consejo de Estado que declare nulo el acto administrativo denominado “Apoyo a la Justicia Penal Militar”, suscrito por el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación en el año 2006. Según el jefe del Ministerio Público, dicha disposición es contraria a la Constitución y a la ley, pues determina que la Fiscalía General de la Nación conocerá las investigaciones de posibles delitos cometidos con ocasión de las operaciones propias de las fuerza militares. De acuerdo con el funcionario, no se puede suponer que todo posible homicidio u homicidio en persona protegida cometido en acción no sea competencia de la justicia penal militar por ser un delito de lesa humanidad, ni que el fuero penal militar no aplica para crímenes de guerra. “De ser así, solo operaria para las conductas de deserción, cobardía, desobediencia, indisciplina u otras faltas semejantes que solo les son atribuibles a los miembros de las fuerzas armadas, pero que no abarcan todas las posibles conductas delictivas en que pueden incurrir sus miembros en el ejercicio de sus funciones”, señaló Ordóñez.