La Procuraduría General de la Nación rindió concepto en el trámite de la demanda contra los artículos 50 y 51 (parciales) de la Ley 1480 del 2011 (Estatuto del Consumidor), relacionados con los proveedores de productos que utilizan medios electrónicos y la reversión en el pago. La disposición indica que cuando las ventas se realicen mediante mecanismos de comercio electrónico tales como internet, PSE y/o call center o cualquier otro tipo de televenta los intervinientes en el proceso de pago deberán reversarlos cuando el consumidor sea objeto de fraude o corresponda a una operación no solicitada. Para el Ministerio Público, la Corte Constitucional se debe declarar inhibida, pero, subsidiariamente, solicita la exequibilidad de las normas acusadas. Lo anterior porque el demandante no sustentó en debida forma los planteamientos asociados con la supuesta desprotección de aprovisionamiento por el posible aumento en los costos de comercio electrónico.