Se presentó una demanda en contra de artículo 86, parcial, de la Ley 30 de 1986, y 61, parcial, de la Ley 1753 del 2015. La primera de estas normas señala que las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, mientras que la segunda advierte que los créditos y becas financiados por el Icetex solo estarán destinados para programas que cuenten con acreditación. Entre otros cargos, el demandante asegura que la norma cuestionada instaura entre las universidades públicas un sistema desigual de asignación de recursos, así como viola la autonomía universitaria. El Ministerio Público solicita declarar inexequible la primera norma acusada, con efecto diferido en el tiempo. Igualmente, pide exhortar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que tramiten una ley modificatoria de la primera disposición acusada, con el fin de garantizar la asignación de los recursos señalados.