Frente a una demanda contra la expresión “al momento de la imposición de la sanción”, del artículo 26 de la Ley 1340 del 2009, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en la Sentencia C-475 del 2004 y, en consecuencia, declarar la inexequibilidad de ese aparte. El artículo que contiene la expresión demandada establece el monto de las multas a personas naturales y la Ley 1340 específicamente dicta normas en materia de protección de la competencia. Según el concepto, la sentencia citada argumentó la vulneración del derecho al debido proceso y del principio de legalidad inmerso en el mismo, esto es, en el artículo 29 de la Carta Política. Además, analizó la prohibición del legislador de reproducir textos declarados inconstitucionales mientras subsista el parámetro constitucional que sirvió de fundamento de la declaratoria de inexequibilidad, conforme el artículo 243 superior.