La Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada para la defensa de la infancia, la adolescencia y la familia, Sonia Téllez Beltrán, insistió en que las mayorías no son las llamadas a definir la clase de familia que un menor declarado en adoptabilidad debe tener, pues no es un tema que pueda definirse en las urnas.  Advirtió que “si lo que se pretende es garantizar la idoneidad física, mental, moral y económica de los que se postulan como padres adoptantes ello solo puede hacerse caso a caso, en relación de los estudios y análisis propios de este proceso”. Es necesario mencionar que con este concepto ya se va despejando la nueva línea de argumentación jurídica del Ministerio Público, después de que Fernando Carrillo Flórez se posesionara como procurador.