La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que condicione la exequibilidad de la norma del Decreto Ley Antitrámites que le permite al empleador despedir a un trabajador por razón de su condición de discapacidad, sin cumplir con los requisitos previstos en la Ley 361 de 1997, y prevé una indemnización especial (Decreto Ley 019 del 2012, art. 137). Según el Ministerio Público, no hay una proporción razonable entre una conducta que discrimina al trabajador por su discapacidad y el pago de una indemnización. Por tal razón, pidió que la norma se condicione en el entendido de que dicha indemnización no confiere eficacia al despido realizado sin la autorización previa de la autoridad del trabajo, sino que constituye una sanción al empleador por su conducta irregular. En concepto anterior, la Procuraduría pidió la exequibilidad de la norma con respecto a la eliminación del requisito de pedir autorización al Ministerio del Trabajo.