La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado que verifique el cumplimiento de la suspensión provisional del Decreto 4444 del 2006, que reglamentó la prestación de los servicios relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo y la atención en este campo por parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Ministerio Público recordó que, en un auto del 2009, el alto tribunal suspendió los efectos de este decreto. A su juicio, existen decisiones y pronunciamientos que han desconocido los efectos de suspensión del acto administrativo.