Dentro del proceso de constitucionalidad donde se analiza el artículo 88 (parcial) de la Ley 1801 del 2016 (Código de Policía), la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional declararse inhibida para pronunciarse sobre los cargos planteados en la demanda, relacionados con la presunta vulneración del derecho a la igualdad, por la falta de regulación del deber de establecimientos de comercio abiertos al público de disponer unidades sanitarias permanentes para personas con discapacidad. Lo anterior, ya que para el Ministerio Público existe insuficiencia argumentativa de la demanda e inexistencia de referentes normativos que indiquen que la redacción de la disposición acusada sea discriminatoria y excluyente, por lo que no sería posible hacer un juicio de contradicción normativa.