El Ministerio Público le pidió a la Corte Constitucional que se abstenga de emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda contra la norma que impone la exigencia de un certificado de aptitud sicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego (Ley 1539 del 2012, D-10613). Según el concepto, la interpretación del demandante en torno a la supuesta subdelegación del control a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en centros de diagnóstico encargados del examen está fuera del alcance real de la norma. El proyecto de fallo corresponde a la magistrada María Victoria Calle.