La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare fundadas las objeciones del Presidente de la República al proyecto de ley que busca garantizar la atención integral de los pacientes con enfermedades terminales (P. L. 138/10S-290/10C). Según el Ministerio Público, el Congreso pretende reglamentar los derechos de los pacientes más cercanos a la muerte, concederles la libertad para desistir anticipadamente a determinados tratamientos y limitar el deber de las instituciones de salud, esto con el fin de proteger una concepción particular que allí se tiene de “vida digna”. Señaló además que la vida, la salud, la dignidad humana y la libertad son derechos fundamentales de la persona y para su regulación debe acudirse a una ley estatutaria, por lo que el proyecto es inconstitucional.