El Procurador General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad del arancel judicial (Ley 1653 del 2013), al considerar que un cobro previo a la presentación de la demanda sobre todos los procesos judiciales que impliquen pretensiones dinerarias es una restricción desproporcionada al acceso efectivo y material a la administración de justicia. Según el concepto, si uno de los objetivos es disminuir la congestión judicial, no hay razón para extenderlo más allá de los procesos ejecutivos, que estadísticamente representan el mayor número de procesos que se ventilan en los estrados judiciales. La ponencia le corresponde a la magistrada María Victoria Calle.