La Procuraduría General de la Nación exigió el cumplimiento de las normas sobre protección especial de las personas en condición de discapacidad, por lo que requirió que las entidades garanticen sus derechos. El Ministerio Público advirtió que en ningún caso la limitación de una persona puede ser motivo para obstaculizar la vinculación laboral y recordó que las juntas de calificación de invalidez deben efectuar una calificación integral de la invalidez, así como las entidades promotoras de salud deben clasificar el grado de severidad de la limitación. De igual forma, solicitó el acatamiento de la normativa y de la jurisprudencia constitucional que establece la estabilidad laboral reforzada. En este punto, subrayó la protección que deben garantizar los inspectores de trabajo cuando autorizan despidos.