El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, estableció directrices para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, luego de verificar las deficiencias en la prestación del servicio de salud y la ausencia de una política de resocialización para los reclusos. En ese sentido, el Ministerio Público exhortó al Inpec para que adelante acciones en materia de salud, entre ellas, realizar auditorías a las empresas que suministran los alimentos a los reclusos e implementar programas de prevención para reducir la morbilidad. Adicionalmente, la Procuraduría le otorgó un plazo de tres meses al Inpec, para que diseñe una verdadera política de resocialización dirigida a todos los internos, que incluya fuentes de trabajo, estudio, recreación, deporte y cultura.