La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto frente a las objeciones gubernamentales por inconstitucionalidad presentadas en contra del proyecto de ley 082/15C–123/16S, por medio del cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva. Según el Gobierno, la iniciativa viola la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751/15), los principios de democracia participativa, de la sostenibilidad fiscal, de eficiencia y de equidad. En términos generales, el Ministerio Público considera que el proyecto no modifica ni vulnera las reglas constitucionales, estatutarias ni legales existentes en materia de prestación de servicios de salud.