El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, sostuvo que la lucha que el Estado libra contra el terrorismo no puede adelantarse en desmedro del sacrificio de garantías inderogables, como son los derechos a la libertad de expresión y la libertad de prensa. “La censura es la muerte de la democracia”, sentenció el Procurador, en su propósito de reprochar las conclusiones del consejo de seguridad celebrado el viernes pasado, luego del cual el fiscal Eduardo Montealegre anunció que podrían iniciarse actuaciones penales por probable obstrucción a la justicia contra personas que hayan entregado a personal distinto de funcionarios autorizados videos relacionados con los atentados a entidades financieras ocurridos el jueves anterior en Bogotá. Ordóñez destacó cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional han hecho referencia a estos derechos como la piedra angular del Estado democrático (Sentencia C-1024 del 2002). Según el jefe del organismo de control, el Gobierno debe aclarar prontamente a la ciudadanía que ejercer el derecho de la libre expresión no es delito, ni merece el inicio de causas penales.