Esta iniciativa, que se tramitará mediante el procedimiento legislativo exprés (fast track), busca establecer una serie de garantías que asegurarían el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado. Así, quedaría constitucionalmente prohibida la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento de grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo las denominadas autodefensas, paramilitares, así como sus estructuras o prácticas, grupos de seguridad ilegales o de justicia privada u otras denominaciones equivalentes. La reforma también otorgaría facultades al Legislativo para que cree los tipos penales que se relacionen con estas conductas. Conozca la propuesta completa en el documento adjunto a la presente nota.