Aunque el Consejo de Estado ha trazado una línea jurisprudencial reciente que permite la anulación de los actos administrativos en las acciones populares, el tratamiento dado al tema constituye una tesis minoritaria. Por tal razón, la Sección Tercera admitió, para revisión, la sentencia de segunda instancia fallada por el Tribunal Administrativo del Tolima, para “sistematizar, coordinar y unificar el tratamiento del tema al interior de esta misma corporación”, y acoger las posiciones jurisprudenciales trazadas por el alto tribunal, “en aras de garantizar la seguridad jurídica, creando una jurisprudencia uniforme y constante” (C. P. Enrique Gil Botero).