Fue admitida en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra de los los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 1762 del 2015, relacionados con las multas por no movilizar mercancías dentro del término legal; no radicar tornaguías para la legalización de productos y extemporaneidad en el registro, por  violar el debido proceso constitucional. Según el concepto del accionante, principalmente, las sanciones no expresan quién es el sujeto de la sanción, lo cual deja abierta la posibilidad de castigar a un tercero ajeno a la comisión de la conducta objeto de reproche.