La Procuraduría General de la Nación pidió a los magistrados de la Corte Constitucional negar la solicitud de nulidad interpuesta por la empresa Cerro Matoso y la Asociación Colombiana de Minería contra la Sentencia T-733 del 2017, la cual ordenó renovar la licencia ambiental y reparar a las comunidades indígenas y afrodescendientes del sur de Córdoba. En este sentido, manifestó el Ministerio Público que lo realmente pretendido por los solicitantes de la declaratoria de nulidad es “exonerarse de una responsabilidad constitucional con trascendencia social, cuyos daños han sido generados por su actividad extractivista”. Encuentre en el documento adjunto a esta nota las demás consideraciones que tuvo el órgano de control.