Fue presentado un proyecto de acto legislativo que incluiría un capítulo en la Constitución relacionado con la política criminal del Estado. De aprobarse esta reforma, los proyectos de ley en materia penal deberán coincidir con la política diseñada a través del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria. Esta instancia consultiva estaría integrada por el Ministro de Justicia, el Fiscal General de la Nación, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Director de la Policía Nacional, entre otros.