Desde la Sentencia T-573 del 2016, emitida por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, el Ministerio de Justicia ofrece asesoría jurídica a la población en condición de discapacidad acerca de la esterilización quirúrgica definitiva. “Con este documento la Corte llena el vacío existente en esta línea jurisprudencial, entre las sentencias C-131 de 2014, que habla sobre la prohibición de anticoncepción quirúrgica a menores de edad en condición de discapacidad (excepción), y la C-182 de 2016, que trata de los requisitos de interdicción y autorización judicial específica para esterilización quirúrgica de personas en situación de discapacidad mental, mediante el consentimiento de otra persona”, señaló la cartera de Justicia. Además, la sentencia también vincula al Ministerio de Salud con el objetivo de garantizar a las personas en condición de discapacidad la protección de sus derechos y obligaciones sobre su vida sexual y reproductiva.