Ante el hacinamiento de hasta el 1.450 % en los centros transitorios de reclusión de Medellín, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó una serie de medidas inmediatas y la instalación de mesa de trabajo interinstitucional para conjurar la grave crisis humanitaria de los detenidos. El alto tribunal dijo que si bien los jueces de control de garantías se vienen sujetando con rigor a la ley y a la Constitución, no sobraba recordar el carácter procesal, excepcional y preventivo que gobierna en un régimen democrático la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva, más aún cuando se ordena en un establecimiento de reclusión. “Ello teniendo en cuenta su calidad provisoria y no sancionatoria, además que no puede perseguir fines de prevención general ni especial y, mucho menos, retributivos o de resocialización” (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).