La Corte Constitucional oficializó los textos de los fallos que declararon exequible la Ley 1425 del 2010, que eliminó el incentivo económico para el demandante en las acciones populares. Según sus consideraciones, la derogación del incentivo no era una medida regresiva ni desproporcionada, entre otras razones, porque no recorta de forma sustantiva el derecho a acceder a la protección de derechos e intereses colectivos. El alto tribunal reconoció que aunque las demandas interpuestas para esta protección pueden disminuir, al igual que los recursos para la asunción de costos procesales en esos procesos, provenientes del Fondo para la Defensa de Intereses Colectivos, la finalidad de la eliminación es legítima, pues se busca evitar el abuso en el ejercicio de la acción popular y proteger las finanzas públicas. También aclaró que fijar o no el incentivo son opciones constitucionales, que deben decidirse democráticamente y que, en todo caso, no es una medida de carácter estructural que defina de forma principal el alcance o la protección de derecho social alguno (M.P. María Victoria Calle Correa).