La Procuraduría General de la Nación pidió que la Corte Constitucional declare exequible la Ley 1454 del 2011 (Ley de Ordenamiento Territorial), que fue demandada por no regular lo relativo a regiones territoriales y territorios indígenas. Según la demanda, esa omisión desconocía el pluralismo, la identidad cultural regional y la autonomía de estas poblaciones. Para el Ministerio Público, la falta de desarrollo de esos temas no es contraria al texto constitucional, pues no es imperativo que todas las normas de ordenamiento territorial estén contenidas en una sola ley. Por el contrario, las particularidades de regiones pueden tener leyes propias, entre otras razones, porque es necesario adelantar trámites como el de la consulta previa a las comunidades indígenas. La Procuraduría también negó la inconstitucionalidad de la ley por no haber sido sometido todo el articulado a votación nominal y pública.