La Corte Constitucional revocó la sentencia de tutela proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que amparó las pretensiones de la excongresista Sandra Velásquez, condenada por falsedad ideológica en documento público. Para la corporación, la Sala Penal de la Corte Suprema no le violó a la accionante el debido proceso ni el principio de la doble instancia, pero aplicó el aumento de penas consagrado en la Ley 890 del 2004 en un proceso regido por la Ley 600 del 2000, teniendo en cuenta que en un fallo reciente cambió su jurisprudencia respecto a ese tema y dispuso que la Ley 890 solo aplica en el proceso penal de la Ley 906 del 2004. En consecuencia, la Corte Constitucional señaló que la actual interpretación es más beneficiosa, por tanto, remitió la actuación a la Corte Suprema, para que adopte la decisión correspondiente. El magistrado Jorge Ignacio Pretelt salvó el voto (M.P. Jorge Iván Palacio).