13 de Julio de 2024 /
Actualizado hace 11 horas | ISSN: 2805-6396

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Modificación a rentas de trabajo exentas afectan especialmente a funcionarios judiciales: demanda

12 de Junio de 2024

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Dos ciudadanos piden la inconstitucionalidad de un apartado del artículo 2º de la Ley 2277 del 2022 que modificó parte del artículo 206 del Estatuto Tributario, relacionado con las rentas exentas de trabajo.

La norma acusada prevé que están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los siguientes: “El veinticinco por ciento (25 %) del valor total de los pagos laborales, limitada anualmente a setecientos noventa (790) UVT”. La norma original señalaba un límite mensual de 240 UVT.

De acuerdo con el escrito, se violan los artículos 1º, 5º, 13, 25, 53, 93, 95, 113, 136 y 363, entre otros, de la Constitución Política, relacionados con la eficiencia, progresividad y equidad tributaria, y se afectan los ingresos de los trabajadores dependientes. En opinión de los ciudadanos, la norma acusada afecta, en términos de igualdad, a todos los trabajadores dependientes, pero, entre estos, los más afectados son los empleados y funcionarios de la Rama Judicial.

Así mismo, se señala que se afecta el mínimo vital en materia tributaria, al igual que el principio y la garantía constitucional relacionada con la autonomía y la independencia judicial. En este último sentido se sostiene que se viola la garantía institucional de la independencia económica (o sea, la irreductibilidad y la inmodificabilidad salarial negativa) de los integrantes de la Rama Judicial, que es uno de los aspectos de la garantía institucional de la autonomía judicial.

A juicio de los demandantes, la grave afectación de los ingresos de los servidores de la Rama Judicial queda en evidencia, al tratarse de quienes reciben menos protección en material laboral, tanto por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al que están sometidos, como por el hecho de que dependen económicamente en exclusiva de su salario y deben, al tiempo, garantizar la eficacia de los derechos ciudadanos contra el abuso de cualquier tipo de autoridad (Demandantes: Hermes Lara y David Llinás).

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