Las instituciones de educación superior pueden imponer los correctivos que haya previsto en sus reglamentos cuando el estudiante no cumpla las exigencias académicas, administrativas o disciplinarias, con el fin de garantizar la efectividad del proceso educativo. La Corte Constitucional recordó que existe el derecho fundamental a permanecer en el sistema educativo, pero que no se vulnera este derecho cuando la expulsión es consecuencia de que el estudiante obtuviera bajo rendimiento o incumpliera los requisitos curriculares, siempre y cuando el procedimiento que se adelante respete el debido proceso. La corporación conoció el caso de un estudiante de posgrado, a quien se le impidió sustentar su tesis de grado por exceder el tiempo máximo de permanencia. A juicio del alto tribunal, en el caso concreto, resultaba pertinente tutelar el debido proceso y garantizar el respeto por el acto propio (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).