Recientemente, la Corte Constitucional dio a conocer el texto definitivo de la Sentencia C-724 del 2015, en la que declaró la exequibilidad del Decreto 1821 del 2015, por medio del cual se amplía la destinación de unos recursos para promover la empleabilidad y mejorar las condiciones de vida de la población cubierta por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica a raíz del diferendo con Venezuela. Según las consideraciones de la Sala, la flexibilidad y ampliación  de los recursos provenientes de los impuestos sobre las ventas y de la equidad – Cree y del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) constituyen medidas que guardan conexidad con el Estado de emergencia decretado en la zona fronteriza. Igualmente, superan el juicio de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad que debe tener toda medida de excepción, según la normativa consagrada en la Constitución Política. Finalmente, la alta corporación concluyó que la disposición bajo examen no riñe con otros principios constitucionales que deben atenderse, tales como la solidaridad, unidad nacional y los fines esenciales del Estado (M.P. Luis Ernesto Vargas).